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MIAMIRepresentantes de las sociedades de gestión colectiva de Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Panamá, junto con integrantes de la organización ECCO (que representa a naciones del Caribe Oriental, incluidas Santa Lucía, San Vincente y las Granadinas, Antigua y Dominica), se reunieron en Miami los días 4 y 5 del pasado mes de febrero. El encuentro tuvo como objetivos debatir una serie de planes y proyectos tendientes a mejorar la protección de los derechos de comunicación al público de los artistas y de los productores en la cuenca del Caribe y, en particular, analizar formas más efectivas de cooperación entre las sociedades y los gobiernos locales.

Entre los oradores del evento estuvieron representantes de la Secretaría de la IFPI (Londres) y de AIE (la sociedad de artistas de España).

Uno de los principales temas de la agenda de esta reunión giró en torno a las prácticas recomendadas para la distribución de ingresos por parte de las sociedades de derechos conexos. Las sociedades aceptan que una distribución de derechos justa y no discriminatoria, con base en el uso real y efectivo, constituye una de las mayores prioridades para cualquier organización colectiva de gestión.

Este taller fue patrocinado por IFPI Latin America & Caribbean junto con la Federación Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE) y sus sociedades de gestión colectiva.

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COSTA RICA

Por decisión unánime, el pasado 10 de marzo la Corte Suprema de Costa Rica ratificó el fallo en segunda instancia en favor de la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (FONOTICA) en la demanda por daños y perjuicios que la entidad interpuso 7 años atrás en contra de dos importantes estaciones comerciales de radio ubicadas en la ciudad capital de San José.

En la sentencia, no solo se establece que las emisoras deberán pagar daños y perjuicios al demandante sino que también se ratifica la necesidad de que obtengan a través de los productores fonográficos una licencia de derechos de comunicación al público y abonen las tarifas correspondientes. Es de esperar que esta decisión de la Corte Suprema repercuta favorablemente en la larga batalla que los productores de Costa Rica afrontan por sus derechos.

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